Ius utendi
Nosotros nos llamamos Joaquin, Nahuel y Juan Leandro. Somos alumnos del Colegio Inmaculada Concepcion de Burzaco, pcia de Buenos Aires. Estamos cursando 1° año de economia. Nuestra intencion es mostrar a trves de publicaciones acerca del derecho a la propiedad, que es un trabajo practico de la materia Derechos Humanos y Ciudadania.
Espero que le guste nuestro blog! Y que tomen conciencia de todos los derechos que tenemos cada uno de nosotros. Gracias!
Espero que le guste nuestro blog! Y que tomen conciencia de todos los derechos que tenemos cada uno de nosotros. Gracias!
martes, 24 de noviembre de 2009
según estudios del CAPIF afirma que 608 millones descargan música ilegalmente
El CAPIF representa a la industria argentina de la música. Es una organización sin fines de lucro integrada por compañías discográficas multinacionales e independientes.
Es miembro de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI).
Según unos estudios que ellos mismo hicieron marcaron que en el año 2008,ya que, todavía el año 2009 no ha finalizado, que la mayoría de los argentinos han descargado ilegalmente por internet alrededor de 608 millones y medio de canciones incluídos videos a través de programas que permiten el intercambio de archivos musicales no autorizados, en la mayoría de los casos, está violando el derecho de la propiedad intelectual.Por esta violación la organización pidió una indemnización que llega a los 15.000 pesos, además, hay muchas empresas invoclucradas en el intercambio ilegal, y que los padres de cada jovén por decir deberán afrontar las acciones legales.
Estas acciones forma parte de la campaña de la concientización y educación del CAPIF en torno a la protección de los derechos de Propiedad Intelectual.
lunes, 23 de noviembre de 2009
El gobierno ayuda a personas con pocos recursos para que puedan poseer propiedades dignas
Muchas personas en la República Argentina, debido a su situación económica se ven prácticamente obligados a usurpar, o convivir en terrenos que no son de su propiedad, sin saber quien es el propietario. Estos terrenos en su mayoría se encuentran abandonados, por lo cual estas personas se ven obligadas, y ven como una oportunidad de poseer una vivienda, ocupar la misma. Cuando los terrenos abandonados son extensos varias personas lo ocupan y forman así, villas y lugares que podrían resultar "inhumanos" para vivir.
El gobierno de la Nación Argentina, ayuda en parte, colaborando para que estas personas puedan tener viviendas dignas, para poder vivir en ellas, y así no tener que usurpar tierras. El gobierno ofrece planes para pagar las casas en varios años, ofrece estos planes, ya que estas personas no cuentan con los recursos necesarios para poder pagar una casa en poco tiempo. Estas personas generalmente son de oficios de poca paga, como por ejemplo albañiles, pero también a veces son personas que "viven de la calle" como lo son por ejemplo: vendedores ambulantes y cartoneros.
El gobierno ofrece estos planes sólo y únicamente para personas que se encunetren en estas condiciones, ya que si no fuera así, muchos podrían aprovecharse de esta situación. Las casas son de acuerdo a la cantidad de integrantes familiares que se posea, por la cantidad de habitaciones. Se ofrecen estos planes para que la gente no se amontone en villas y puedan tener viviendas dignas.
Esto es algo muy positivo y tiene que darse a conocer, ya que a pesar de que hay muchas cosas no debidas, algunas otras son positivas para la sociedad.
domingo, 22 de noviembre de 2009
la prirateria: "Algo de nunca acabar"
En este último año surgió la noticia de que la policía había clausurado páginas webs para conbatir contra la piratería y la música. Las págiinas webs clausuradas eran para intercambio de películas y contenidos musicales de éxito. El hecho de esta operación es que por primera vez se ha establecido que los administradores o dueños de dichas páginas eran los que se encargaban de conseguir las entradas de los estrenos de las películas en servidores extranjeros antes de que salieran en España para ir al cine para poder grabar el video y sacarlo a la luz en las páginas para ponerlo a disposición de los usuarios. Hay que tener en cuenta o remarcarlo que en nuestro país pasa lo mismo.
Con esta noticia, miestra nuevamente el problema de la piratería, la presión por parte de las organizaciones y asociaciones relacionadas con la propiedad intelectual y los derechos de los autores como la Sociedad General de Autores (SGAE), la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP)entre otras organizaciones,que están consiguiendo sus frutos ya que cada vez más las autoridades están pendientes del tema de la piratería. Algo de nunca acabar. Yo entiendo que comprar un cd de una banda, sea cual sea, es caro su precio a comparación de un cd trucho como lo llamamos pero hay que respetar la ley que para eso están.
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derecho de autor,
piratas,
Violación de derecho a la propiedad
En el año 2007 en la cuidad de Londres, Inglaterra,la corte suprema de Bélgica ha confirmado de que hay un Proveedor de Servicios de Internet (ISP) debe tomar la responsabilidad de detener el intercambio ilegal y masivo de los archivos protegidos por la propiedad intelectual que tiene lugar en sus páginas o redes. Este es el primer fallo en este sentido que se da en Europa y establece un importante labor para la lucha internacional contra la piratería.
La compañía AT&T (Corporación estadounidense de teléfono y telégrafo)se comprometió a combatir la piratería que hay en la Internet. AT&T, una de las compañías proveedoras de servicio de Internet (ISP) más importante de Estados Unidos, anunció que colaborará con los estudios cinematográfico para terminar de una buena vez con la piratería. En la página principal de la caompñía trata de la violación del derecho a la propiedad, prohibiendo publicar, presentar, copiar, cargar, transmitir, reproducir, robar, violar o distribuir información y además de estas prohibiciones incluye el uso de cualquier material o información, entre otras, imágenes o fotografías, que se ofrecen a través de un sitio web o Servicio de AT&T.
La compañía AT&T (Corporación estadounidense de teléfono y telégrafo)se comprometió a combatir la piratería que hay en la Internet. AT&T, una de las compañías proveedoras de servicio de Internet (ISP) más importante de Estados Unidos, anunció que colaborará con los estudios cinematográfico para terminar de una buena vez con la piratería. En la página principal de la caompñía trata de la violación del derecho a la propiedad, prohibiendo publicar, presentar, copiar, cargar, transmitir, reproducir, robar, violar o distribuir información y además de estas prohibiciones incluye el uso de cualquier material o información, entre otras, imágenes o fotografías, que se ofrecen a través de un sitio web o Servicio de AT&T.
sábado, 21 de noviembre de 2009
ley de ordenamiento
Juristas y operadores turísticos criticaron ayer la ley de ordenamiento territorial y afirmaron que constituye un ataque al derecho a la propiedad. La calificaron de inconstitucional e inaplicable. Temen que obstaculice proyectos de inversión.
"Es quizá la pieza legislativa peor hecha y más dañina y peligrosa que he visto en más de 35 años de ejercicio de la profesión y cinco como legislador. Es una ley que agrede principios jurídicos básicos, agrede el orden constitucional, agrede mal al derecho de propiedad -al que termina estatizándolo en buena medida- y agrede al sentido común", afirmó ayer el abogado Ignacio de Posadas durante una conferencia organizada por la Cámara de Turismo para analizar la ley 18.308 de ordenamiento territorial.
El ex ministro de Economía sostuvo que la ley aprobada en junio va a tener consecuencias "nefastas" en la inversión, por la inseguridad jurídica que genera y el "ataque" al derecho de propiedad que supone.
En el mismo sentido se expresó el escribano Roque Molla, quien advirtió que algunos de los artículos podrían ser inconstitucionales, otros de difícil aplicación y otros, por su confusa redacción, podrían llevar a interpretaciones erróneas.
Molla dijo que, de acuerdo a un estudio de la ley que realizó una comisión integrada por escribanos, abogados y agrimensores, se afecta la Constitución y el Código Civil.
El presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Luis Borsari, dijo compartir totalmente las críticas expresadas por De Posadas y Molla.
"La Cámara es contraria a la ley de ordenamiento territorial. Hay una alta preocupación por el desconocimiento absoluto de la realidad turística y cómo puede afectar el desarrollo del sector", dijo a El País.
Críticas. De Posadas explicó que la ley, que tiene 84 artículos, es excesivamente reglamentarista y burocrática y tiene finalidades ilimitadas, con el agravante de que el ordenamiento territorial es privativo del Estado y escapa a la voluntad de las partes.
Sostuvo que transfiere competencias del Poder Legislativo a una serie de organismos estatales, en forma superpuesta, y otorga competencias "sin límites", sin respetar las garantías existentes.
"Es además una pieza legislativa de pésima calidad técnica, no utiliza prácticamente ningún concepto y ningún verbo propio del lenguaje jurídico, lo cual va a dar a innúmeras confusiones y discusiones, si es que se llega a aplicar", agregó.
Este texto, en lugar de utilizar términos jurídicos, refiere a instrumentos de ordenamiento territorial como directrices, programas, estrategias, ordenanzas y planes en el ámbito nacional, departamental, regional e interdepartamentales.
"Son instrumentos ajenos al orden jurídico que, entre otras cosas, establece jerarquías y acá no se sabe que prima sobre una directriz o un plan", aseguró.
De Posadas dijo a El País que lo más grave es que esta ley limita la libertad y hace muy "incierto" el derecho a la propiedad, lo que a su juicio es malo para el propietario y disuasivo para el que quiere invertir.
Tanto Molla como De Posadas criticaron también que no se haya dispuesto el derecho de indemnización, que se haya reducido el período de prescripción adquisitiva a 5 años y que se otorgue un derecho de preferencia a las intendencias sobre la compraventa de inmuebles.
El escribano señaló que gracias a este derecho de preferencia los gobiernos departamentales podrán adquirir los inmuebles que los particulares quieran vender, pero pagando el precio que determine la propia comuna y no el que el propietario disponga.
Además manifestó su preocupación por lo dispuesto con respecto al fraccionamiento de predios costeros, que consideró una "invasión directa del derecho de propiedad". La ley establece que la franja de 150 metros de la línea de ribera pasará a dominio público sin indemnización a sus actuales titulares.
"No hay conciencia en el Uruguay de la existencia de esta ley y del daño que va a causar. Está tan mal hecha que en algunas cosas va a ser inaplicable", concluyó De Posadas.
"Es quizá la pieza legislativa peor hecha y más dañina y peligrosa que he visto en más de 35 años de ejercicio de la profesión y cinco como legislador. Es una ley que agrede principios jurídicos básicos, agrede el orden constitucional, agrede mal al derecho de propiedad -al que termina estatizándolo en buena medida- y agrede al sentido común", afirmó ayer el abogado Ignacio de Posadas durante una conferencia organizada por la Cámara de Turismo para analizar la ley 18.308 de ordenamiento territorial.
El ex ministro de Economía sostuvo que la ley aprobada en junio va a tener consecuencias "nefastas" en la inversión, por la inseguridad jurídica que genera y el "ataque" al derecho de propiedad que supone.
En el mismo sentido se expresó el escribano Roque Molla, quien advirtió que algunos de los artículos podrían ser inconstitucionales, otros de difícil aplicación y otros, por su confusa redacción, podrían llevar a interpretaciones erróneas.
Molla dijo que, de acuerdo a un estudio de la ley que realizó una comisión integrada por escribanos, abogados y agrimensores, se afecta la Constitución y el Código Civil.
El presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Luis Borsari, dijo compartir totalmente las críticas expresadas por De Posadas y Molla.
"La Cámara es contraria a la ley de ordenamiento territorial. Hay una alta preocupación por el desconocimiento absoluto de la realidad turística y cómo puede afectar el desarrollo del sector", dijo a El País.
Críticas. De Posadas explicó que la ley, que tiene 84 artículos, es excesivamente reglamentarista y burocrática y tiene finalidades ilimitadas, con el agravante de que el ordenamiento territorial es privativo del Estado y escapa a la voluntad de las partes.
Sostuvo que transfiere competencias del Poder Legislativo a una serie de organismos estatales, en forma superpuesta, y otorga competencias "sin límites", sin respetar las garantías existentes.
"Es además una pieza legislativa de pésima calidad técnica, no utiliza prácticamente ningún concepto y ningún verbo propio del lenguaje jurídico, lo cual va a dar a innúmeras confusiones y discusiones, si es que se llega a aplicar", agregó.
Este texto, en lugar de utilizar términos jurídicos, refiere a instrumentos de ordenamiento territorial como directrices, programas, estrategias, ordenanzas y planes en el ámbito nacional, departamental, regional e interdepartamentales.
"Son instrumentos ajenos al orden jurídico que, entre otras cosas, establece jerarquías y acá no se sabe que prima sobre una directriz o un plan", aseguró.
De Posadas dijo a El País que lo más grave es que esta ley limita la libertad y hace muy "incierto" el derecho a la propiedad, lo que a su juicio es malo para el propietario y disuasivo para el que quiere invertir.
Tanto Molla como De Posadas criticaron también que no se haya dispuesto el derecho de indemnización, que se haya reducido el período de prescripción adquisitiva a 5 años y que se otorgue un derecho de preferencia a las intendencias sobre la compraventa de inmuebles.
El escribano señaló que gracias a este derecho de preferencia los gobiernos departamentales podrán adquirir los inmuebles que los particulares quieran vender, pero pagando el precio que determine la propia comuna y no el que el propietario disponga.
Además manifestó su preocupación por lo dispuesto con respecto al fraccionamiento de predios costeros, que consideró una "invasión directa del derecho de propiedad". La ley establece que la franja de 150 metros de la línea de ribera pasará a dominio público sin indemnización a sus actuales titulares.
"No hay conciencia en el Uruguay de la existencia de esta ley y del daño que va a causar. Está tan mal hecha que en algunas cosas va a ser inaplicable", concluyó De Posadas.
viernes, 20 de noviembre de 2009
"Contra la piratería"
La piratería es un problema global que pasa en todos los países,por elegir un caso, en China,como aca también en nuestro país Argentina que van más allá de lo que incluso a nosotros nos pudiese parecer “razonable”. Esto se debe a la impunidad de sus leyes y a un arraigado hábito de consumo ilegal de sus habitantes, mayor que en cualquier otro país. La semana anterior del lanzamiento de la película Spiderman 3 se iba a estrenar primero en China antes que en el resto del mundo,antes de Estados Unidos. Esta decisión es bastante significativa. Estados Unidos no desestima el potente mercado de consumo que tiene China para su cine, aún así cede la primicia de estrenar allí una de la películas de esta temporada como intento para aplacar el impacto de la piratería en China, retrasando así lo mas tarde posible la circulación de copias ilegales.
Antes de esto, Warner Home denunció en ese mismo país (China)hagamos de cuenta 6 años por el lanzamientos de DVD a precios tan competitivos como las copias ilegales, llegando a la piratería al poner a la venta las unidades a dos euros aproximadamente. Y aca en Argentina se consiguen , más precisamente,en los pasillos del tren o paso de nivel desde 5 pesos en adelante, así, también pasa lo mismo con los juegos para la consola de Play Station
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Violación de derecho a la propiedad.
jueves, 19 de noviembre de 2009
"atropellos al derecho a la propiedad"
Se ha convertido en un hecho frecuente la violación del derecho de propiedad, sobre todo si se observan los numerosos casos en los cuales la acción judicial no sólo no impidió la consumación de usurpaciones contra la voluntad de los legítimos propietarios, sino que autorizó judicialmente esos atropellos.
Un caso emblemático que muestra la incapacidad de la Justicia para solucionar situaciones prolongadas fue la toma de la fábrica de la empresa Cerámica Zanon, ubicada en la ruta provincial 7, en Neuquén. Luego de tres años de ocupación ilegítima por parte de un grupo de trabajadores y empleados, y de tres resoluciones judiciales donde el juez a cargo del concurso preventivo dispuso la desocupación de la planta, sin que ésta pudiera efectivizarse por falta de apoyo político, la designación de un nuevo magistrado provocó un giro de 180 grados en el proceso judicial al autorizar la locación de la planta con todas las maquinarias y demás bienes de uso a la Cooperativa de Trabajo FaSinPat (Fábrica sin Patrón).
Ante el vencimiento del plazo original del arrendamiento y la inminencia de un posible desalojo, el mismo juez, Rafael Barreiro, prorrogó por tres años más la autorización para que los trabajadores siguieran administrando su cooperativa con el mismo grado de libertad e independencia con el que manejan la planta y con elogios hacia una gestión obrera que ya lleva más de cinco años.
La resolución judicial permite continuar con la gestión obrera y se le reconoce autonomía, descartando cualquier forma de cogestión con el sector patronal, lo cual significa un pésimo antecedente para otras situaciones análogas.
El reconocimiento de las cooperativas de trabajadores a cargo de la continuidad de la actividad de la empresa fallida por parte de la ley de concursos constituyó el sinceramiento de una realidad que fue extendiéndose a lo largo del tiempo, más por una necesidad que por constituir un adecuado apego a la ley, frente a la usual falta de determinación de los jueces comerciales de cumplir con la categórica directiva que los compele a realizar con premura la venta de los activos de la sociedad fallida.
Se observó en reiteradas oportunidades que los trabajadores se organizaron para ofrecerse como alternativa para la continuidad, cuando la enajenación no fue posible. En no pocas ocasiones los jueces han hecho una incorrecta interpretación del bien común o del interés general y adjudicaron fábricas a grupos de trabajadores que recurrieron al impacto mediático para forzar legisladores, gobernantes o magistrados a violar elementales principios legales, alterando el orden jurídico sobre el que debe asentarse la convivencia de la sociedad.
Quienes ocupan por la fuerza un establecimiento fabril y luego resisten las órdenes judiciales de desalojo no pueden obtener el apoyo demagógico de los tribunales que habían dispuesto la desocupación de una planta.
Para que un país progrese dentro de un margen legal, debe respetarse el derecho de propiedad. Los magistrados que avalan una usurpación mediante una resolución judicial no tienen conciencia del impacto negativo que su decisión ocasiona sobre proyectos de inversión en otros emprendimientos fabriles. Los efectos nocivos de una crisis no pueden resolverse tomando por la fuerza lo ajeno, circunstancia que genera un caos mayor y que a largo plazo conspira contra la propia creación de empleo.
Un caso emblemático que muestra la incapacidad de la Justicia para solucionar situaciones prolongadas fue la toma de la fábrica de la empresa Cerámica Zanon, ubicada en la ruta provincial 7, en Neuquén. Luego de tres años de ocupación ilegítima por parte de un grupo de trabajadores y empleados, y de tres resoluciones judiciales donde el juez a cargo del concurso preventivo dispuso la desocupación de la planta, sin que ésta pudiera efectivizarse por falta de apoyo político, la designación de un nuevo magistrado provocó un giro de 180 grados en el proceso judicial al autorizar la locación de la planta con todas las maquinarias y demás bienes de uso a la Cooperativa de Trabajo FaSinPat (Fábrica sin Patrón).
Ante el vencimiento del plazo original del arrendamiento y la inminencia de un posible desalojo, el mismo juez, Rafael Barreiro, prorrogó por tres años más la autorización para que los trabajadores siguieran administrando su cooperativa con el mismo grado de libertad e independencia con el que manejan la planta y con elogios hacia una gestión obrera que ya lleva más de cinco años.
La resolución judicial permite continuar con la gestión obrera y se le reconoce autonomía, descartando cualquier forma de cogestión con el sector patronal, lo cual significa un pésimo antecedente para otras situaciones análogas.
El reconocimiento de las cooperativas de trabajadores a cargo de la continuidad de la actividad de la empresa fallida por parte de la ley de concursos constituyó el sinceramiento de una realidad que fue extendiéndose a lo largo del tiempo, más por una necesidad que por constituir un adecuado apego a la ley, frente a la usual falta de determinación de los jueces comerciales de cumplir con la categórica directiva que los compele a realizar con premura la venta de los activos de la sociedad fallida.
Se observó en reiteradas oportunidades que los trabajadores se organizaron para ofrecerse como alternativa para la continuidad, cuando la enajenación no fue posible. En no pocas ocasiones los jueces han hecho una incorrecta interpretación del bien común o del interés general y adjudicaron fábricas a grupos de trabajadores que recurrieron al impacto mediático para forzar legisladores, gobernantes o magistrados a violar elementales principios legales, alterando el orden jurídico sobre el que debe asentarse la convivencia de la sociedad.
Quienes ocupan por la fuerza un establecimiento fabril y luego resisten las órdenes judiciales de desalojo no pueden obtener el apoyo demagógico de los tribunales que habían dispuesto la desocupación de una planta.
Para que un país progrese dentro de un margen legal, debe respetarse el derecho de propiedad. Los magistrados que avalan una usurpación mediante una resolución judicial no tienen conciencia del impacto negativo que su decisión ocasiona sobre proyectos de inversión en otros emprendimientos fabriles. Los efectos nocivos de una crisis no pueden resolverse tomando por la fuerza lo ajeno, circunstancia que genera un caos mayor y que a largo plazo conspira contra la propia creación de empleo.
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