En Tucumàn denucian desalojos indigenas por avanses de comerciantes y terratenientes. Y hace tres años se habia sansionado la ley nacional 26.160, que suspende por cuatro años la ejecucion de sentencias o actos administrativos cuyo fin sea el desalojo de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades aborigenes. Y hece dos años se creo el Programa Ncional de Relevamiento Territorial de Comunidades Aborigenes que por ahora no hecho muchos progresos.
El 17 de septiembre echaron a 40 familias. una jueza llamada Mirta Lenis de Vera a pedido de Carro (un terrateniente)dicto el desalojo de la comunidad de el Nogalito, frenado por ANDHES.
Para Jorge Aimaro, delegado del INAI en la provincia, el homicidio del lunes fue "un ataque preparado con el objetivo de descabezar a la Comunidad Indígena Chuschagasta"
